Siguiendo la tendencia de Alemania, Austria, España y Países Bajos, el oficialismo francés aprobó, a través del congreso de diputados, la “ley de movilidades”, que incluye la prohibición a la venta de vehículos nuevos propulsados por motores de combustión interna (diésel y gasolina) para 2040.
Esta es una de las principales medidas que ha tomado Francia en el proceso de transición energética, que tiene como objetivo lograr la "neutralidad en carbono" para 2050, es decir, que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) sean compensadas por otros proyectos ecológicos. Antes de eso se tiene contemplada para 2030 una reducción intermedia de las emisiones del 37,5%.
De la misma manera, la “ley de movilidades” busca ofrecer una alternativa de transporte al auto particular, utilizado a diario por siete de cada diez franceses para ir al trabajo. Para ello el Estado francés invertirá 13,400 millones de euros en cinco años (entre 2017 y 2022), lo que supondrá un 40 por ciento más respecto al quinquenio precedente.
Esta iniciativa implica "dar vuelta" la situación del mercado automotriz francés, ya que desde enero a mayo de 2019 un 58,7% de los automóviles nuevos vendidos fueron de gasolina y un 34.39 por ciento a diésel. Ambos tipos de propulsores dejarán de comercializarse en 2040 a más tardar. Por su parte, los híbridos y los eléctricos representaron un 4.98 por ciento y un 1.76 por ciento de las ventas, respectivamente.
